Los responsables técnico y jurídico de la Junta de Compensación de Valgrande han participado recientemente en una mesa redonda organizada por la Fundación Pro Real Academia De Jurisprudencia y Legislación de España sobre el precio de la vivienda y la regulación urbanística del suelo. Concretamente, José Manuel Serrano, letrado de las Cortes Generales y patrono de la Fundación Pro Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España, y asesor jurídico y vicepresidente de la Junta de Compensación de Valgrande; y Leopoldo Arnaiz, arquitecto urbanista con más de 50 años de trayectoria, director del equipo técnico y Gerente de la Junta de Compensación han sido invitados como ponentes de la mesa redonda.
Este foro, que se ha celebrado en la Sala Joaquín Garrigues de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España (RAJYLE), en Madrid; ha estado presidido por Luis María Cazorla Prieto, presidente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España; y también ha contado con la participación de otros expertos y académicos en el ámbito de la regulación urbanística y el precio de la vivienda, como Tomás-Ramón Fernández Rodríguez, catedrático de Derecho Administrativo y académico de Número de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España; y Luciano Parejo Alfonso, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Carlos III de Madrid.
La sesión giró en torno al problema de acceso a la vivienda en España y a los múltiples factores que influyen en la situación actual de alza sostenida de precios. Así se habló del desequilibrio entre una demanda creciente y una oferta cada vez más limitada, por la falta de producción de obra nueva; de la idoneidad de que las administraciones puedan plantear un parque de vivienda público, al margen del mercado residencial, como vía para garantizar el acceso a un hogar a los que más lo necesitan; y de cómo una hipotética intervención el mercado sólo puede ser coyuntural, y muy acotada, para que pueda reportar resultados positivos.
Igualmente, los ponentes destacaron que el gran cuello de botella está en el desarrollo de suelo, y en cómo la tardanza de años o incluso décadas en completar el planeamiento de un sector tiene un impacto significativo en los costes que asumen los promotores, que son los que sufragan la urbanización de los barrios y las ciudades; y en última instancia en el precio final que un comprador abona por una vivienda.
En este sentido, se plantearon toda una serie de propuestas ante el problema de acceso a la vivienda que hay en España, primera preocupación de los españoles según el CIS; como la necesidad de simplificar los trámites urbanísticos y agilizar la gestión; la importancia de concentrar la emisión de informes sectoriales en una sola fase, para evitar duplicidades y dilatar más en el tiempo los procesos; la conveniencia de reformar la Ley, para que la posible detección de un defecto procedimental no conlleve de facto la anulación de un plan parcial, y se pueda subsanar en su momento; y del reto que tiene la Administración de establecer plazos en cada una de las fases del planeamiento, para evitar demoras, ofrecer seguridad jurídica y sentar las bases para atajar el problema de falta de vivienda.
El proyecto de Valgrande, el nuevo barrio de Alcobendas (Madrid) que contempla la construcción de 8.600 viviendas —de las que el 54% serán protegidas (4.638 unidades) y el 40% se han previsto sobre parcelas municipales (3.483)—, es precisamente un ejemplo de desarrollo urbano que acumula más de 20 años de trayectoria, sin que todavía se haya podido completar.
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